lunes, 25 de agosto de 2008
“Decinos en qué cabaret las viste anoche...”
Prensa De Frente en Neuquén - La trata de mujeres es el nombre que se le da al secuestro de mujeres (niñas, jóvenes) para hacerlas esclavas de la prostitución, bajo la condición de desaparecidas. Durante el 2006, más de 500 mujeres fueron secuestradas en la Argentina. La invisibilidad de estos hechos evidencia un aspecto más de la impunidad de una justicia cómplice y patriarcal. Estos secuestros sólo pueden ser posibles a través del funcionamiento de una red clandestina, a nivel mundial, que involucra a distintos sectores del poder: la policía, jueces, fiscales, empresarios, políticos, clientes. Las rutas de la trata se caracterizan por dejar zonas liberadas entre los tratantes, empresarios, policías y funcionarios. En la mayoría de los casos la víctima proviene de sectores pobres, cuya familia no tiene alcance en el poder político, para poder presionar por la recuperación de sus hijas. Desde la Comisión No a la Trata de Alto Valle de Río Negro y Neuquén se viene trabajando para que estos casos se hagan públicos. El silencio que caracteriza a estos temas es funcional a un consenso inconsciente por parte de la sociedad civil. El escrache, los silbatazos, las marchas, el trabajo en las escuelas y los ámbitos laborales para dar a conocer esta realidad, son algunas de las herramientas de lucha contra la trata. Más de 500 mujeres y niñas son vendidas como mercancía, dentro y fuera del país. Este negocio es uno de los más rentables del capitalismo, ya que la víctima puede ser vendida más de una vez. Los medios de comunicación masiva continúan instalando en el imaginario colectivo, la idea del “por algo será”, o titulando a los femicidios, como “crímenes pasionales”, sin buscar la raíz que responde a una problemática social.Los mecanismos de control sobre las víctimas se sustentan en la amenaza, el terror, la explotación, el mal trato, torturas, y las drogas que les obligan a consumir. Las supuestas ofertas de empleos de agencias turísticas, matrimoniales, de modelos, de catering, de niñera, son otros dispositivos aparentes que toma la red para apropiarse de las mujeres. ”¡Vivas se las llevaron, vivas las queremos!” La Comisión No a la Trata de Alto Valle, considera que “esta red de trata de mujeres grafica el momento histórico actual, en el que se evidencia la disociación del sujeto de derecho y el sujeto como objeto. Es así que coexisten el desarrollo de los derechos de la mujer y el hombre en términos de libertad y reaseguro social y la apropiación de la vida, en términos de explotación del cuerpo como mercancía.” La desaparición de personas es una clara muestra de la continuidad de las políticas de impunidad y de un Estado intrínsicamente represivo y cómplice. Las desapariciones, como la violencia hacia las mujeres se incrementan, porque estas prácticas son cada vez más naturalizadas socialmente desde distintos dispositivos de dominación: los medios y la exhibición del cuerpo; el machismo enquistado culturalmente en mujeres y hombres que lo reproducen; la exclusión social, la pobreza, el hambre. Éstos últimos son factores que generan un ambiente violento que construyen las condiciones para que sigan sucediendo actos aberrantes contra las mujeres. La perversidad del sistema se manifiesta en que los mismos sujetos que creen las leyes, protocolos y tratados, hacen posible la existencia de la trata de personas. La ley En abril de este año el Congreso de la Nación sancionó la ley 26.364, conocida como la ley de trata de personas, cuya finalidad es, “implementar medidas destinadas a prevenir y sancionar la trata de personas y asistir y proteger a sus víctimas”. Los tratados que toma como base esta ley responden a la Convención contra el Crimen Transnacional Organizado y el Protocolo de Palermo, esto significa que concentra su atención en la seguridad de los Estados y en la incorporación de los medios en la definición de Trata: amenazas, el uso de la fuerza, el rapto, el engaño, el abuso de poder o cualquier situación de de vulnerabilidad, al pago o recepción de beneficios, como condición imprescindible para la configuración del delito. Estos aspectos han sido cuestionados desde las distintas organizaciones que vienen luchando por este tema, teniendo en cuenta que: los medios no pueden ser los que definan al delito, sino que éste debe ser definido respecto de su objetivo: la explotación; y que los bienes jurídicos a proteger no tienen que ser las fronteras de los países, sino los derechos humanos de las personas. A su vez, esta ley le otorga a los tratantes las penas de sólo de tres a seis años de prisión y puede ser excarcelable. Por estas razones, desde la Comisión No a la Trata de Alto Valle, se manifiesta que, “la trata de personas viola los derechos humanos elementales y agrupa todas las violaciones en un sólo delito: es secuestro, es servidumbre, es esclavitud, es extracción y venta de órganos, es proxenistismo, es violación, es prostitución, es trabajo esclavo, es privación ilegítima de la libertad, es desaparición y es tortura.” Asimismo, admiten que, “si bien la ley dice ocuparse de aquellas mujeres y niñas que han logrado escapar o han sido rescatadas, la realidad da cuenta de que las mujeres tratadas siguen siendo condenadas. La más de las veces, son condenadas al terror al liberar a los tratantes bajo fianza. Además son condenadas, aquellas que han cumplido la mayoría de edad en cautiverio, al culpabilizarlas del delito debiendo demostrar que no dieron su consentimiento. Desde estas consideraciones, aplicar penas mínimas y excarcelables a los tratantes es impunidad, es legalizar la Trata”.
domingo, 24 de agosto de 2008
La violencia en el trabajo afecta más a las mujeres
(de Página 12)
El 60 por ciento de las denuncias por violencia laboral fueron realizadas por mujeres. Es uno de los resultados de un estudio realizado por el Ministerio de Trabajo sobre más de 300 casos.
Por Elisabet Contrera
Laura conservó la categoría de empleada “ejemplar” hasta el día que llegó a la oficina su nuevo jefe. Como él no la consideraba eficiente le arrebató los clientes de la firma que ella tenía a su cargo, después de haberla humillado ante sus colegas. Como no estaba conforme con su aspecto, cambió sus funciones para que no fuera la cara visible de la institución. Y la obligaba a llegar al trabajo 15 minutos antes que los demás. Su martirio duró pocos meses: los ataques de pánico, la depresión y el estrés provocados por el maltrato constante la obligaron a abandonar su trabajo. Laura es una de las más de 300 personas asistidas este año por la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral. Según un estudio de este organismo, dependiente del Ministerio de Trabajo, cerca del 60 por ciento de las denuncias fueron realizadas por mujeres. Tanto ellas como los varones acuden a realizar la denuncia luego de meses de padecimientos y con enfermedades producidas por la violencia.
La historia de Laura Amoedo es un caso que ilustra en toda su magnitud el fenómeno de la violencia laboral en la Argentina. Aunque afecta tanto a hombres y mujeres, son ellas las que sufren en mayor medida el hostigamiento y quienes más se animan a denunciar la situación. Así lo refleja el estudio Violencia Laboral: una amenaza a los Derechos Humanos, elaborado por la Comisión Tripartita de Igualdad de Trato y Oportunidades (CTIO), dependiente de la cartera laboral. Tomando como base las 320 consultas atendidas este año, se pudo revelar que el 59,4 por ciento de los casos las denuncias fueron realizadas por mujeres, mientas que en un 40,6 por ciento resultaron formuladas por varones.
Laura es una de las denunciantes. Ella trabajó durante casi una década en una AFJP, en su filial de San Isidro, en el norte del conurbano bonaerense. La oficina se convirtió en un infierno cuando a fines de 2003 llegó el responsable de su maltrato, su nuevo jefe. “No sé si cumplía con una orden de la empresa o si le caí mal desde un principio, pero desde ese día comenzó a atacarme, a humillarme, a sacarme los clientes de mi cartera, a insultarme”, contó.
En el caso de Tamara –el nombre fue modificado pues ella prefiere preservar su identidad y la confidencialidad de la denuncia–, haber reclamado mejoras en las condiciones laborales fue motivo suficiente para que se desencadenara la agresión hacia ella. “Cuando pedí que me blanqueen, mi jefe se puso como loco, no paró de gritarme y me dijo que me iba a echar”, contó la denunciante, que trabaja como asistente de cocina.
El estudio, realizado a partir de cuestionarios suministrados a las víctimas, revela que en el 61,3 por ciento de los casos la violencia se originó luego de un reclamo laboral. “Aunque la muestra revela que en un 91,7 por ciento se trata de personas con trabajo formal, una parte de su labor está en negro y los problemas comienzan cuando ellos piden recategorización de su tarea, aumento de sueldo, el pago de las horas extra, los días de estudio”, detalló Nora Goren, socióloga a cargo de la investigación.
“Desde que me caí en la obra, me sacaron los elementos de trabajo”, contó Felipe, obrero de la construcción. “Cuando volví de mi licencia médica, mi jefe me dijo que era una inútil y desde ese momento no me dieron más cosas para hacer”, relató Juliana, empleada administrativa. Estos dos testimonios citados en el informe reflejan otras circunstancias que motivaron la violencia hacia ellos: un accidente laboral (en un 17,3 por ciento de los casos) o una enfermedad (en un 10 por ciento). Según explicaron las investigadoras, la víctima percibe la pérdida de confianza por parte de sus superiores. Si eran considerados empleados “óptimos y eficientes”, luego del incidente comienzan a ser cuestionados y se les encarga tareas de carácter inferior.
Laura sufrió el descrédito y la descalificación durante largos nueve meses. “Yo tenía a cargo los principales clientes de la compañía. Mi jefe comenzó a sacarme ese trabajo diciendo que era mucho para mí sola, y a darme tareas administrativas para que estuviera todo el día fuera de la oficina”, contó. Aunque se registró un porcentaje mínimo (el 5,3), el embarazo continúa siendo un motivo para ejercer la violencia hacia las mujeres y así propiciar la renuncia de las hostigadas. Así lo denunció Juliana, vendedora de un pequeño comercio: “Cuando le anuncié que estaba embarazada me dijo que entonces no iba a poder cumplir con mi tarea porque me iba a tener que dedicar a los chicos”, relató la mujer.
La violencia psicológica lidera el ranking, con un 82 por ciento de los casos, continúa la agresión física con el 10 por ciento y la sexual con el 8 por ciento. Al analizar los datos de acuerdo con el sexo de los denunciantes, las investigadoras pudieron reafirmar que las mujeres sufren en mayor proporción los tres tipos de hostigamiento. En el caso de la violencia sexual, las diferencias son abismales: el 95 por ciento corresponde a mujeres y un 5 por ciento a los hombres. El contraste disminuye en las otras dos situaciones, pero manteniendo la predominancia del lado de las mujeres: el maltrato psicológico afectó al 60 por ciento de mujeres y al 40 de hombres, y la violencia física alcanzó al 56 por ciento de mujeres y al 44 por ciento de hombres.
Ya sea por miedo, inseguridad o desconocimiento, las víctimas realizan las denuncias después de meses, incluso años, de maltrato. “Las víctimas no son conscientes de estar sufriendo violencia laboral, porque tienen naturalizadas la agresión. En el caso de las mujeres, a veces ellas pasan de un ámbito familiar violento a un espacio público también violento. En el caso del hombre, lleva la carga de ser el sostén de la familia y eso lo obliga a soportar situaciones de violencia para poder mantener su fuente de trabajo”, analizó Patricia Sáenz, abogada que asesora a las víctimas que se acercan a la oficina,que además participó en la investigación. “Yo tomé conciencia de que era víctima de mobbing (acoso moral en el trabajo) cuando una psicóloga me explicó lo que era”, contó Laura Amoedo.
Las mujeres y los hombres llegaron a la oficina de asistencia no sólo con el dolor de haber perdido el trabajo o con el miedo de perderlo al hacer la denuncia: en algunos casos cargan con un cóctel de enfermedades producidas por la situación de violencia. “No es dato menor que el 75 por ciento de las personas que concurren ya llegan con alguna manifestación de haber pasado por un médico, psiquiatra o psicólogo, lo que denota el tiempo de padecimiento”, explicó Goren. “Son todos síntomas derivados de la violencia que sufrieron, son sus efectos”, acotó Matilde Garuti, psicóloga de la oficina.
Según la investigación, el 95 por ciento de las personas presentaba al momento de la consulta alguna manifestación de síntomas físicos y/o psicológicos, consecuencia del maltrato, y un 75 por ciento de ellos tenía asistencia médica, psicológica y/o psiquiátrica. En este punto también es mayor el porcentaje de mujeres que están bajo tratamiento psiquiátrico: un 27 por ciento, contra el 18 por ciento de los varones. Los porcentajes se invierten en los casos de asistencia médica, punto en el cual los varones representan el 53 por ciento y las mujeres el 44 por ciento.
A tres años de haber perdido de su trabajo, Laura continúa sufriendo las secuelas del maltrato. “Sigo enferma, no puedo trabajar, no puedo dejar los calmantes, y a veces no tengo para comprar los medicamentos”, relató. Su única gratificación fue saber que el Instituto contra la Discriminación (Inadi), en un dictamen de este año, calificó la conducta de su jefe de “discriminatoria”, y que su juicio laboral por mobbing avanza a su favor.
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El 60 por ciento de las denuncias por violencia laboral fueron realizadas por mujeres. Es uno de los resultados de un estudio realizado por el Ministerio de Trabajo sobre más de 300 casos.
Por Elisabet Contrera
Laura conservó la categoría de empleada “ejemplar” hasta el día que llegó a la oficina su nuevo jefe. Como él no la consideraba eficiente le arrebató los clientes de la firma que ella tenía a su cargo, después de haberla humillado ante sus colegas. Como no estaba conforme con su aspecto, cambió sus funciones para que no fuera la cara visible de la institución. Y la obligaba a llegar al trabajo 15 minutos antes que los demás. Su martirio duró pocos meses: los ataques de pánico, la depresión y el estrés provocados por el maltrato constante la obligaron a abandonar su trabajo. Laura es una de las más de 300 personas asistidas este año por la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral. Según un estudio de este organismo, dependiente del Ministerio de Trabajo, cerca del 60 por ciento de las denuncias fueron realizadas por mujeres. Tanto ellas como los varones acuden a realizar la denuncia luego de meses de padecimientos y con enfermedades producidas por la violencia.
La historia de Laura Amoedo es un caso que ilustra en toda su magnitud el fenómeno de la violencia laboral en la Argentina. Aunque afecta tanto a hombres y mujeres, son ellas las que sufren en mayor medida el hostigamiento y quienes más se animan a denunciar la situación. Así lo refleja el estudio Violencia Laboral: una amenaza a los Derechos Humanos, elaborado por la Comisión Tripartita de Igualdad de Trato y Oportunidades (CTIO), dependiente de la cartera laboral. Tomando como base las 320 consultas atendidas este año, se pudo revelar que el 59,4 por ciento de los casos las denuncias fueron realizadas por mujeres, mientas que en un 40,6 por ciento resultaron formuladas por varones.
Laura es una de las denunciantes. Ella trabajó durante casi una década en una AFJP, en su filial de San Isidro, en el norte del conurbano bonaerense. La oficina se convirtió en un infierno cuando a fines de 2003 llegó el responsable de su maltrato, su nuevo jefe. “No sé si cumplía con una orden de la empresa o si le caí mal desde un principio, pero desde ese día comenzó a atacarme, a humillarme, a sacarme los clientes de mi cartera, a insultarme”, contó.
En el caso de Tamara –el nombre fue modificado pues ella prefiere preservar su identidad y la confidencialidad de la denuncia–, haber reclamado mejoras en las condiciones laborales fue motivo suficiente para que se desencadenara la agresión hacia ella. “Cuando pedí que me blanqueen, mi jefe se puso como loco, no paró de gritarme y me dijo que me iba a echar”, contó la denunciante, que trabaja como asistente de cocina.
El estudio, realizado a partir de cuestionarios suministrados a las víctimas, revela que en el 61,3 por ciento de los casos la violencia se originó luego de un reclamo laboral. “Aunque la muestra revela que en un 91,7 por ciento se trata de personas con trabajo formal, una parte de su labor está en negro y los problemas comienzan cuando ellos piden recategorización de su tarea, aumento de sueldo, el pago de las horas extra, los días de estudio”, detalló Nora Goren, socióloga a cargo de la investigación.
“Desde que me caí en la obra, me sacaron los elementos de trabajo”, contó Felipe, obrero de la construcción. “Cuando volví de mi licencia médica, mi jefe me dijo que era una inútil y desde ese momento no me dieron más cosas para hacer”, relató Juliana, empleada administrativa. Estos dos testimonios citados en el informe reflejan otras circunstancias que motivaron la violencia hacia ellos: un accidente laboral (en un 17,3 por ciento de los casos) o una enfermedad (en un 10 por ciento). Según explicaron las investigadoras, la víctima percibe la pérdida de confianza por parte de sus superiores. Si eran considerados empleados “óptimos y eficientes”, luego del incidente comienzan a ser cuestionados y se les encarga tareas de carácter inferior.
Laura sufrió el descrédito y la descalificación durante largos nueve meses. “Yo tenía a cargo los principales clientes de la compañía. Mi jefe comenzó a sacarme ese trabajo diciendo que era mucho para mí sola, y a darme tareas administrativas para que estuviera todo el día fuera de la oficina”, contó. Aunque se registró un porcentaje mínimo (el 5,3), el embarazo continúa siendo un motivo para ejercer la violencia hacia las mujeres y así propiciar la renuncia de las hostigadas. Así lo denunció Juliana, vendedora de un pequeño comercio: “Cuando le anuncié que estaba embarazada me dijo que entonces no iba a poder cumplir con mi tarea porque me iba a tener que dedicar a los chicos”, relató la mujer.
La violencia psicológica lidera el ranking, con un 82 por ciento de los casos, continúa la agresión física con el 10 por ciento y la sexual con el 8 por ciento. Al analizar los datos de acuerdo con el sexo de los denunciantes, las investigadoras pudieron reafirmar que las mujeres sufren en mayor proporción los tres tipos de hostigamiento. En el caso de la violencia sexual, las diferencias son abismales: el 95 por ciento corresponde a mujeres y un 5 por ciento a los hombres. El contraste disminuye en las otras dos situaciones, pero manteniendo la predominancia del lado de las mujeres: el maltrato psicológico afectó al 60 por ciento de mujeres y al 40 de hombres, y la violencia física alcanzó al 56 por ciento de mujeres y al 44 por ciento de hombres.
Ya sea por miedo, inseguridad o desconocimiento, las víctimas realizan las denuncias después de meses, incluso años, de maltrato. “Las víctimas no son conscientes de estar sufriendo violencia laboral, porque tienen naturalizadas la agresión. En el caso de las mujeres, a veces ellas pasan de un ámbito familiar violento a un espacio público también violento. En el caso del hombre, lleva la carga de ser el sostén de la familia y eso lo obliga a soportar situaciones de violencia para poder mantener su fuente de trabajo”, analizó Patricia Sáenz, abogada que asesora a las víctimas que se acercan a la oficina,que además participó en la investigación. “Yo tomé conciencia de que era víctima de mobbing (acoso moral en el trabajo) cuando una psicóloga me explicó lo que era”, contó Laura Amoedo.
Las mujeres y los hombres llegaron a la oficina de asistencia no sólo con el dolor de haber perdido el trabajo o con el miedo de perderlo al hacer la denuncia: en algunos casos cargan con un cóctel de enfermedades producidas por la situación de violencia. “No es dato menor que el 75 por ciento de las personas que concurren ya llegan con alguna manifestación de haber pasado por un médico, psiquiatra o psicólogo, lo que denota el tiempo de padecimiento”, explicó Goren. “Son todos síntomas derivados de la violencia que sufrieron, son sus efectos”, acotó Matilde Garuti, psicóloga de la oficina.
Según la investigación, el 95 por ciento de las personas presentaba al momento de la consulta alguna manifestación de síntomas físicos y/o psicológicos, consecuencia del maltrato, y un 75 por ciento de ellos tenía asistencia médica, psicológica y/o psiquiátrica. En este punto también es mayor el porcentaje de mujeres que están bajo tratamiento psiquiátrico: un 27 por ciento, contra el 18 por ciento de los varones. Los porcentajes se invierten en los casos de asistencia médica, punto en el cual los varones representan el 53 por ciento y las mujeres el 44 por ciento.
A tres años de haber perdido de su trabajo, Laura continúa sufriendo las secuelas del maltrato. “Sigo enferma, no puedo trabajar, no puedo dejar los calmantes, y a veces no tengo para comprar los medicamentos”, relató. Su única gratificación fue saber que el Instituto contra la Discriminación (Inadi), en un dictamen de este año, calificó la conducta de su jefe de “discriminatoria”, y que su juicio laboral por mobbing avanza a su favor.
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jueves, 21 de agosto de 2008
¿Por qué mueren las madres en Córdoba?
La mortalidad materna es un problema crítico e inadmisible. Cada año, medio millón de mujeres muere en el mundo como consecuencia de las complicaciones del embarazo y el parto: 23.000 viven en América Latina y el Caribe.
En Argentina, se registraron 294 muestras maternas en 2005, es decir, murieron 40 mujeres por cada 100,000 nacidos vivos, con marcadas diferencias entre las provincias. En Córdoba, de acuerdo a los registros de Vigilancia de Mortalidad Materna en el año 2005 hubo 19 muertes maternas, lo que representa casi 38 muertes maternas cada 100.000 nacidos vivos, razón de mortalidad que no muestra mayores variaciones en los últimos cinco años.
Aunque se han logrado algunos avances, se necesitan muchos más esfuerzos para reducir la morbilidad y la mortalidad materna y perinatal. Entre los grandes desafíos para lograr una solución al problemas se destacan el facilitar la accesibilidad a los servicios de salud – especialmente en las zonas rurales y aisladas- y brindar una presanción adecuada y oportuna de los cuidados obstétricos esenciales con personal calificado.
La mortalidad materna y perinatla es un asunto que rebasa el ámbito de la salud: es una cuestión de Derechos Humanos. La mortalidad materna también tiene enormes consecuencias negativas económicas y sociales para la familia y la comunidad, teniendo en cuenta del importante papel de las mujeres en la vida familiar y en el desarrollo social y económico en el país.
El quinto Objetivo de Desarrollo del Milenio se centra en el mejoramiento de la salud materna mediante la reducción de la razón de mortalidad materna en tres cuartas partes entre 1990 y 2015. En la 26ª Conferencia Sanitaria Panamericana, celebrada en septiembre de 2002, los Ministerios de Salud del continente americano aprobaron una estrategia que exige intervenciones dirigidas a reducir la morbilidad y la mortalidad materna en los países de América Latina y el Caribe.
En Argentina, las metas del Plan Federal de Salud 2004-2007 plantean lograr que la tasa de Mortalidad Materna del país disminuya en un 20% en relación con el valor el año 2002.
Asociación El Agora (Córdoba)
En Argentina, se registraron 294 muestras maternas en 2005, es decir, murieron 40 mujeres por cada 100,000 nacidos vivos, con marcadas diferencias entre las provincias. En Córdoba, de acuerdo a los registros de Vigilancia de Mortalidad Materna en el año 2005 hubo 19 muertes maternas, lo que representa casi 38 muertes maternas cada 100.000 nacidos vivos, razón de mortalidad que no muestra mayores variaciones en los últimos cinco años.
Aunque se han logrado algunos avances, se necesitan muchos más esfuerzos para reducir la morbilidad y la mortalidad materna y perinatal. Entre los grandes desafíos para lograr una solución al problemas se destacan el facilitar la accesibilidad a los servicios de salud – especialmente en las zonas rurales y aisladas- y brindar una presanción adecuada y oportuna de los cuidados obstétricos esenciales con personal calificado.
La mortalidad materna y perinatla es un asunto que rebasa el ámbito de la salud: es una cuestión de Derechos Humanos. La mortalidad materna también tiene enormes consecuencias negativas económicas y sociales para la familia y la comunidad, teniendo en cuenta del importante papel de las mujeres en la vida familiar y en el desarrollo social y económico en el país.
El quinto Objetivo de Desarrollo del Milenio se centra en el mejoramiento de la salud materna mediante la reducción de la razón de mortalidad materna en tres cuartas partes entre 1990 y 2015. En la 26ª Conferencia Sanitaria Panamericana, celebrada en septiembre de 2002, los Ministerios de Salud del continente americano aprobaron una estrategia que exige intervenciones dirigidas a reducir la morbilidad y la mortalidad materna en los países de América Latina y el Caribe.
En Argentina, las metas del Plan Federal de Salud 2004-2007 plantean lograr que la tasa de Mortalidad Materna del país disminuya en un 20% en relación con el valor el año 2002.
Asociación El Agora (Córdoba)
miércoles, 20 de agosto de 2008
PROGAMA FEDERAL DE LA MUJER
El Consejo Nacional de la Mujer informa con la mayor alegría que se ha aprobado la prórroga del Plan Federal de la Mujer para cumplir durante el año 2006 con el objetivo de fortalecimiento institucional de las organizaciones que trabajan en consolidar las políticas de equidad entre varones y mujeres y cumplir con los compromisos asumidos durante su implementación, incluyendo la culminación de los concursos oportunamente convocados.
Fortalecimiento del CNM, Directorio y Consejo Federal a través de la formación permanente en actividades que mejoren la formulación de políticas y planes de igualdad de oportunidades y equidad en varones y mujeres, en lo referente a la planificación estratégica, articulación de instituciones e información y difusión de derechos a la sociedad en cumplimiento de los objetivos del milenio.
En relación con el fortalecimiento institucional se realizarán Encuentros Regionales en distintas sedes provinciales con instancias de discusión, asistencia técnica y capacitación sobre Gestión y Planificación Estratégica, Salud integral en particular salud sexual y reproductiva y violencia sexual y situación laboral y previsional de las mujeres.Asimismo se brindará asistencia técnica para la organización de oficinas de Atención, Orientación y Derivación sobre Derechos de las Mujeres en las Áreas Mujer provinciales. En las reuniones se invitará a participar otras áreas de gobierno especialmente aquellas vinculadas a la salud, educación, justicia, seguridad, trabajo y atención de la violencia.
En este marco se realizará un reequipamiento de las bibliotecas de las Áreas Mujer con bibliografía especializada, material didáctico y folletería en todas las provincias, y en otras bibliotecas especializadas en la temática.
* Un tema importante es la coordinación, organización y puesta en marcha de los proyectos del Componente Apoyo a Iniciativas Locales (AIL) concursados en las provincias de La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén y Salta (Fase Piloto y Extensión), Catamarca, Chaco, Chubut y Río Negro (Concurso 1/03), San Luis y Tierra del Fuego (Concurso 2/03), Córdoba, Santa Cruz y Santa Fe (Concurso 3/03). En apoyo a la ejecución de los proyectos se realizaran encuentros AIL sobre Gestión de Recursos, Formación de Redes y Buenas Prácticas.Desde el Consejo Nacional de la Mujer a través del Plan Federal de la Mujer estamos tomando contacto con las Áreas Mujer provinciales para la puesta en marcha de las actividades.
Fortalecimiento del CNM, Directorio y Consejo Federal a través de la formación permanente en actividades que mejoren la formulación de políticas y planes de igualdad de oportunidades y equidad en varones y mujeres, en lo referente a la planificación estratégica, articulación de instituciones e información y difusión de derechos a la sociedad en cumplimiento de los objetivos del milenio.
En relación con el fortalecimiento institucional se realizarán Encuentros Regionales en distintas sedes provinciales con instancias de discusión, asistencia técnica y capacitación sobre Gestión y Planificación Estratégica, Salud integral en particular salud sexual y reproductiva y violencia sexual y situación laboral y previsional de las mujeres.Asimismo se brindará asistencia técnica para la organización de oficinas de Atención, Orientación y Derivación sobre Derechos de las Mujeres en las Áreas Mujer provinciales. En las reuniones se invitará a participar otras áreas de gobierno especialmente aquellas vinculadas a la salud, educación, justicia, seguridad, trabajo y atención de la violencia.
En este marco se realizará un reequipamiento de las bibliotecas de las Áreas Mujer con bibliografía especializada, material didáctico y folletería en todas las provincias, y en otras bibliotecas especializadas en la temática.
* Un tema importante es la coordinación, organización y puesta en marcha de los proyectos del Componente Apoyo a Iniciativas Locales (AIL) concursados en las provincias de La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén y Salta (Fase Piloto y Extensión), Catamarca, Chaco, Chubut y Río Negro (Concurso 1/03), San Luis y Tierra del Fuego (Concurso 2/03), Córdoba, Santa Cruz y Santa Fe (Concurso 3/03). En apoyo a la ejecución de los proyectos se realizaran encuentros AIL sobre Gestión de Recursos, Formación de Redes y Buenas Prácticas.Desde el Consejo Nacional de la Mujer a través del Plan Federal de la Mujer estamos tomando contacto con las Áreas Mujer provinciales para la puesta en marcha de las actividades.
Tratamiento periodístico de la Violencia Contra la Mujer Consulta a periodistas
El Consejo Nacional de la Mujer (CNM) y el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), como parte de las actividades del Día de la No Violencia Contra La mujer, realizaron en forma conjunta una consulta a periodistas, productores y agencias de publicidad, con la finalidad de aunar criterios para el abordaje de la temática de la violencia contra la mujer en los medios de comunicación masiva.
El Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) junto con el Consejo Nacional de la Mujer emprenderán una labor conjunta con el objetivo de consensuar los parámetros del tratamiento y cobertura radial y televisiva que debería realizarse sobre la condición y posición de las mujeres víctimas de violencia.Esta iniciativa responde a las actividades que se desarrollaran con motivo de celebrarse, el 25 de noviembre, el Día Internacional de la No Violencia Contra las Mujeres. Se apelará a periodistas, publicistas y otros profesionales para que brinden su opinión y análisis acerca de la información y el tratamiento que recibe esta problemática en los medios de comunicación.La violencia contra las mujeres, que atraviesa todas las geografías y sectores sociales, se ha transformado en la actualidad en un flagelo social, en todas las comunidades del mundo. Es por esto que el COMFER y el Consejo Nacional de la Mujer toman este compromiso conjunto para promover esta acción de sensibilización y concientización.CONSULTA A MEDIOS Y PROFESIONALES DE LA COMUNICACIÓN SOBRE CRITERIOS DE TRATAMIENTO INFORMATIVO DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERESSeguramente en su práctica profesional tendrá la oportunidad de tratar el tema de la violencia contra la mujer en los medios de comunicación, contribuyendo con su enfoque y apreciaciones a modificar los conocimientos, actitudes, creencias, conductas y estereotipos de las/os ciudadanas/os con relación al mismo.Es por ello que, teniendo en cuenta que la violencia contra la mujer constituye un grave problema social que no discrimina por raza, religión, nivel de instrucción, clase o edad, y abarca tanto el mundo público como el privado, el tratamiento informativo de este tema en los medios de comunicación es un punto de partida prioritario.Por tal razón, hemos diseñado, con la ayuda de especialistas, una serie de criterios y principios orientadores que nos ayudarán a comunicar la problemática de la violencia contra la mujer de manera beneficiosa para la sociedad, contribuyendo así a generar un proceso didáctico social dirigido a eliminar este tipo de violencia.En tal sentido, quisiéramos conocer su opinión sobre las siguientes pautas relacionadas con la valoración, el contenido, la forma y el lenguaje utilizado en los medios de comunicación sobre este tema.
1 -
Los casos de violencia contra las mujeres no son casos aislados sino un problema social más amplio con profundas raíces sociales y culturales. Es por ello que el tratamiento del tema en los medios de comunicación a través de una noticia es una oportunidad para sensibilizar, informar y alentar a la reflexión de la población a la que se dirige la comunicación.
2 -
La inclusión de la violencia contra la mujer no es una noticia convencional, debe tener la valoración informativa adecuada. La violencia y los malos tratos contra las mujeres y los niños/as constituye un atentado contra el derecho a la vida, la dignidad y la integridad física y psíquica de las víctimas, es una violación a sus derechos humanos.
3 -
Resulta necesario procurar material de apoyo que permita contextualizar la información y el impacto del problema. Las noticias referidas a la violencia contra las mujeres, por sus características, requieren una mayor reflexión para evitar reforzar estereotipos a través de titulares, versiones y testimonios sobre las víctimas y los victimarios que pueden resultar engañosas. Utilizar fuentes y recursos adecuados, consultando con especialistas, organizaciones o instituciones vinculadas al tema.
4 -
Es importante completar la información sobre las circunstancias que rodean cada caso, los antecedentes policiales o judiciales, los incumplimientos de las medidas adoptadas o a asistencia recibida por la víctima, con el propósito de alertar también a los posibles riesgos a que están expuestas las mujeres maltratadas.
5 -
Existe un gran desconocimiento entre las víctimas de violencia sobre el camino a seguir para poner fin a esa situación. En muchas ocasiones, las propias víctimas no son siquiera concientes de que lo son. Por lo tanto, la inclusión de datos sobre los recursos o servicios de atención y/o contención existentes que pueden brindar información y asesoramiento a la población en general y a las víctimas en particular, en los medios de comunicación se transforma en una herramienta fundamental para visibilizar el problema y crear conciencia sobre las verdaderas dimensiones del mismo.
6 -
Es imprescindible dejar en claro quién es el agresor y quién la víctima, describiendo, en la medida de lo posible, la manera de actuar del agresor y las diferencias entre su comportamiento público o privado.
7 -
Se debe tener cautela en la identificación de la víctima, evitando utilizar imágenes o testimonios que provoquen una nueva victimización. Respetar la privacidad de los protagonistas. Cuando se deba elegir las imágenes o sonidos con los que acompañará una noticia o reportaje, tener en cuenta el impacto que pueden tener sobre él ola protagonista, especialmente en el caso en que haya niños/niñas involucrados.
8 -
Es preciso cuidar el lenguaje utilizado, evitando juicios condenatorios, frase hechas, comentarios frívolos, lenguaje sexista o violento y adjetivos que definan a las víctimas o las desprestigien socialmente a fin de prevenir la comprensión de la conducta del victimario.
9 -
Dar también buenas noticias, brindar información sobre el seguimiento y la resolución positiva de casos, iniciativas novedosas, sentencias ejemplares así como datos sobre asociaciones de víctimas, instituciones públicas y la organización de campañas concretas.
El Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) junto con el Consejo Nacional de la Mujer emprenderán una labor conjunta con el objetivo de consensuar los parámetros del tratamiento y cobertura radial y televisiva que debería realizarse sobre la condición y posición de las mujeres víctimas de violencia.Esta iniciativa responde a las actividades que se desarrollaran con motivo de celebrarse, el 25 de noviembre, el Día Internacional de la No Violencia Contra las Mujeres. Se apelará a periodistas, publicistas y otros profesionales para que brinden su opinión y análisis acerca de la información y el tratamiento que recibe esta problemática en los medios de comunicación.La violencia contra las mujeres, que atraviesa todas las geografías y sectores sociales, se ha transformado en la actualidad en un flagelo social, en todas las comunidades del mundo. Es por esto que el COMFER y el Consejo Nacional de la Mujer toman este compromiso conjunto para promover esta acción de sensibilización y concientización.CONSULTA A MEDIOS Y PROFESIONALES DE LA COMUNICACIÓN SOBRE CRITERIOS DE TRATAMIENTO INFORMATIVO DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERESSeguramente en su práctica profesional tendrá la oportunidad de tratar el tema de la violencia contra la mujer en los medios de comunicación, contribuyendo con su enfoque y apreciaciones a modificar los conocimientos, actitudes, creencias, conductas y estereotipos de las/os ciudadanas/os con relación al mismo.Es por ello que, teniendo en cuenta que la violencia contra la mujer constituye un grave problema social que no discrimina por raza, religión, nivel de instrucción, clase o edad, y abarca tanto el mundo público como el privado, el tratamiento informativo de este tema en los medios de comunicación es un punto de partida prioritario.Por tal razón, hemos diseñado, con la ayuda de especialistas, una serie de criterios y principios orientadores que nos ayudarán a comunicar la problemática de la violencia contra la mujer de manera beneficiosa para la sociedad, contribuyendo así a generar un proceso didáctico social dirigido a eliminar este tipo de violencia.En tal sentido, quisiéramos conocer su opinión sobre las siguientes pautas relacionadas con la valoración, el contenido, la forma y el lenguaje utilizado en los medios de comunicación sobre este tema.
1 -
Los casos de violencia contra las mujeres no son casos aislados sino un problema social más amplio con profundas raíces sociales y culturales. Es por ello que el tratamiento del tema en los medios de comunicación a través de una noticia es una oportunidad para sensibilizar, informar y alentar a la reflexión de la población a la que se dirige la comunicación.
2 -
La inclusión de la violencia contra la mujer no es una noticia convencional, debe tener la valoración informativa adecuada. La violencia y los malos tratos contra las mujeres y los niños/as constituye un atentado contra el derecho a la vida, la dignidad y la integridad física y psíquica de las víctimas, es una violación a sus derechos humanos.
3 -
Resulta necesario procurar material de apoyo que permita contextualizar la información y el impacto del problema. Las noticias referidas a la violencia contra las mujeres, por sus características, requieren una mayor reflexión para evitar reforzar estereotipos a través de titulares, versiones y testimonios sobre las víctimas y los victimarios que pueden resultar engañosas. Utilizar fuentes y recursos adecuados, consultando con especialistas, organizaciones o instituciones vinculadas al tema.
4 -
Es importante completar la información sobre las circunstancias que rodean cada caso, los antecedentes policiales o judiciales, los incumplimientos de las medidas adoptadas o a asistencia recibida por la víctima, con el propósito de alertar también a los posibles riesgos a que están expuestas las mujeres maltratadas.
5 -
Existe un gran desconocimiento entre las víctimas de violencia sobre el camino a seguir para poner fin a esa situación. En muchas ocasiones, las propias víctimas no son siquiera concientes de que lo son. Por lo tanto, la inclusión de datos sobre los recursos o servicios de atención y/o contención existentes que pueden brindar información y asesoramiento a la población en general y a las víctimas en particular, en los medios de comunicación se transforma en una herramienta fundamental para visibilizar el problema y crear conciencia sobre las verdaderas dimensiones del mismo.
6 -
Es imprescindible dejar en claro quién es el agresor y quién la víctima, describiendo, en la medida de lo posible, la manera de actuar del agresor y las diferencias entre su comportamiento público o privado.
7 -
Se debe tener cautela en la identificación de la víctima, evitando utilizar imágenes o testimonios que provoquen una nueva victimización. Respetar la privacidad de los protagonistas. Cuando se deba elegir las imágenes o sonidos con los que acompañará una noticia o reportaje, tener en cuenta el impacto que pueden tener sobre él ola protagonista, especialmente en el caso en que haya niños/niñas involucrados.
8 -
Es preciso cuidar el lenguaje utilizado, evitando juicios condenatorios, frase hechas, comentarios frívolos, lenguaje sexista o violento y adjetivos que definan a las víctimas o las desprestigien socialmente a fin de prevenir la comprensión de la conducta del victimario.
9 -
Dar también buenas noticias, brindar información sobre el seguimiento y la resolución positiva de casos, iniciativas novedosas, sentencias ejemplares así como datos sobre asociaciones de víctimas, instituciones públicas y la organización de campañas concretas.
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